CUESTIÓN DE JUSTICIA

Poner en evidencia a la Justicia de un país requiere pruebas fehacientes de sus errores. La separación de poderes es piedra angular del sistema que impera en España desde la democracia. El respeto a este principio es fundamental para que todo funcione y los máximos responsables de que así sea son los representantes políticos que nos gobiernan, o en su defecto, los que deberían trabajar como fiscalizadores del poder. Pero, en esta legislatura, aquellos que a partir del 14 de marzo debieron trabajar por construir una alternativa, no han hecho más que destruirla. El PP ha tocado fondo en su estrategia de acoso y derribo a la política de Zapatero. Su cuestionamiento sobre las decisiones adoptadas por las máximas estancias del poder judicial en materia de terrorismo, es el peor de sus errores en este año de campaña. Primero, porque llevar al terreno de la crispación popular un asunto de esta trascendencia para el futuro de un país, es una irresponsabilidad política. Segundo, porque cae en la trampa de la contradicción con respecto a sus decisiones cuando ellos eran gobierno. Y tercero, porque con esta ultima baza en su plan de desgaste al ejecutivo ponen en tela de juicio la seguridad jurídica. Un principio que dentro de nuestro ordenamiento juega un papel fundamental en la sensación social de protección ante las injusticias. Sin embargo, ninguna de estas cuestiones han frenado los últimos reproches que la dirección del PP ha dirigido al gobierno socialista a propósito de la reclamación presentada por el etarra Henri Parot de acumular sus penas de acuerdo con el Código Penal de 1973. Cierto es que el caso hizo vacilar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional al rectificar su criterio de separar en dos bloques, de 30 años de prisión cada uno, las dos causas por las que está condenado Parot. Se entiende que la intención de la Fiscalía era esforzarse por retrasar la excarcelación de un terrorista que recientemente solicitó a ETA, desde la cárcel y a través de un artículo publicado en el diario Gara, “objetivos vitales” en próximos atentados de la banda. Pero la aplicación de la ley no debe ser arbitraria sino inquebrantable. Y así lo expresó la decisión del Supremo. El Código Penal que rige la condena de este preso es el que es y las posteriores reformas no tienen carácter retroactivo, por tanto hay que cumplirlo. Aunque parezca un desatino para muchos, es el trabajo de la Justicia. Otra cuestión es la que ocupa al juez Grande-Marlaska, que prepara un nuevo procesamiento de Parot por sus mensajes a ETA. Se trata de saber conciliar la responsabilidad y la coherencia con la habilidad del que sabe. Justo lo que ha olvidado el mismo partido que, durante su turno de gobierno, nada hizo ante las 59 excarcelaciones de presos etarras que, en virtud de la aplicación de la ley, abandonaron la prisión antes de cumplir sus condenas.
Llevamos dos años sin muertos por terrorismo vasco. La última matanza, sin precedentes en España, introdujo una nueva amenaza que pasó factura a un partido que ni aprende, ni deja de entorpecer en el camino hacia la paz.

servido por mayday sin comentarios compártelo